POLICIALES: Procesaron al empleado del Ministerio de Educación que desvió fondos públicos a su cuenta

Provinciales 11 de octubre de 2019 Por
La medida la tomó el titular del Quinto Juzgado de Instrucción. El procesado es Mauricio Alberto Vega, de 49 años y con 30 de antigüedad en ese ministerio. En abril detectaron que usó un nombre falso y el cuil de una docente para acreditarse en su propia cuenta 11.350 pesos. El fallo fue apelado.
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El juez Benedicto Correa, titular del Quinto Juzgado de Instrucción, resolvió procesar a un empleado con más de 30 años de servicio en el Ministerio de Educación por una estafa a la provincia.

Fuentes judiciales precisaron en exclusivo a Telesol Diario que el magistrado procesó a ese hombre porque usó un nombre falso y el cuil de una docente de esa área para acreditarse en su cuenta bancaria un dinero que no le correspondía.

Al descubrirse la maniobra, el ahora procesado negó todo y le pidió a sus superiores regresar el dinero, pero ya era demasiado tarde: la irregularidad fue denunciada por Alicia Vargas, secretaria Administrativa del ministerio, y ahora ese hombre terminó procesado y embargado en 50.000 pesos, dijeron fuentes judiciales.

El empleado se llama Mauricio Alberto Vega (49), es docente desde hace 25 años y trabajó desde 1990 en el área de liquidaciones del Ministerio de Educación, según datos judiciales. Actualmente está separado de su cargo y no quedó detenido dado que en su momento pidió una eximición de prisión. Al ser notificado del procesamiento, lo apeló a través de su defensa.

La maniobra se descubrió en abril gracias a otra causa en la que investigan el desvío millonario que hizo otra empleada de ese ministerio a su cuenta bancaria. Durante esa investigación, se ordenó realizar un control en las cuentas de la repartición y así descubrieron otra irregularidad cometida por Vega, señalaron fuentes judiciales.

En ese chequeo informático de Contaduría General de la Provincia detectaron que el empleado había realizado una transacción sospechosa. Según las fuentes, Vega hizo una liquidación de sueldo a nombre de Rocío del C. Morales Rocio (creen que se trata de un nombre ficticio) y que usó el cuil de una docente identificada sólo por sus iniciales, R.A.P para acreditarse en su cuenta 11.350,40 pesos.

DE SER HALLADO CULPABLE, VEGA PODRÍA RECIBIR DE 2 A 6 AÑOS DE CÁRCEL.

Luego de la maniobra, y al tener el poder de dar de alta o bajas las cuentas, Vega le dio de baja a esa cuenta con el fin de borrar cualquier evidencia. Pero al descubrirse que el número de cuenta bancaria era suya, Vega intentó justificar la irregularidad diciendo que su clave y usuario (intransferibles) para hacer las liquidaciones habían sido usadas por otra persona.

Es más, en su momento habló con sus superiores y hasta intentó devolver los 11.350,40 pesos que supuestamente se habían liquidado mal en su cuenta bancaria, aunque llamativamente todo esto lo hizo tres meses después. Sus jefes no le creyeron y terminó denunciado.

Al momento de la indagatoria, el empleado negó haber cometido la estafa y apuntó a otra persona como quien usó su usuario para depositar la plata. Sus jefes también se mostraron sorprendidos cuando fueron a declarar, dado que tenían un “buen concepto” y ésta sería la primera vez que cometería una irregularidad.

Pero en base a los testimonios y a la contundente evidencia, el juez Benedicto Correa lo procesó: “Respecto del auto de procesamiento, debo destacar que para el dictado de éste, basta la convicción basada en los elementos de juicio que obran en la causa, fundada en una grave probabilidad de la presunta culpabilidad del imputado… Que en tal sentido, entiendo que en el caso en examen existen elementos de convicción suficientes que permiten determinar la existencia del hecho criminoso, del cual resultarían responsable el encartado“, según refiere el magistrado en su resolución.

Es por eso que Vega fue procesado sin prisión preventiva por el delito de estafa en perjuicio de la Administración Pública agravado por el hecho de ser empleado público. De ser hallado culpable, Vega podría recibir de 2 a 6 años de cárcel, señalaron fuentes judiciales.

Fuente: TLS

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